En profundidad

La carrera por la regulación ESG está en marcha


Si está luchando por mantenerse al día con todas las regulaciones ESG que están surgiendo en todo el mundo, no es el único. La cantidad de normas nuevas puede ser abrumadora o, incluso, intimidante. Es útil recordar lo que se pretende con estas normas: garantizar la materialización de las inversiones necesarias para que nuestras economías sean más sustentables.

En muchos casos, los países empiezan por el objetivo de emisiones netas cero, que será muy costoso de lograr. En una época en que los gobiernos enfrentan una gran deuda pública relacionada con la pandemia del COVID-19, la presión recae en los inversores privados. De esto se tratan las “finanzas sostenibles”.

Los responsables de las políticas tienen una lista extensa de temas en sus agendas, pero inevitablemente apuntan a las siguientes tres áreas:

  • divulgaciones corporativaspara garantizar que los inversores cuenten con la información necesaria para asignar el capital;
  • divulgaciones de productos de inversiónpara que las personas puedan identificar fácilmente qué productos tienen más probabilidades de asignar capital a actividades sustentables o a actividades que puedan transitar el camino hacia la sustentabilidad;
  • taxonomíapara que los mercados logren un entendimiento común del significado de la sustentabilidad.

En este artículo, le ofrecemos un resumen de la situación actual en el mundo.

La Unión Europea está acaparando la mayor parte de la atención, ya que fue la primera región en desarrollar un plan de finanzas sostenibles, basado, en gran medida, en divulgaciones y presentación de informes. Existe una Taxonomía de la UE para definir qué actividades se consideran sustentables. Las empresas la utilizan para informar la sustentabilidad de sus actividades, de acuerdo con la Directiva de Informes de Sostenibilidad Corporativa (CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive). Los gestores de activos la utilizan para informar la sustentabilidad de sus productos, de acuerdo con el Reglamento sobre Divulgación de Finanzas Sostenibles de la Unión Europea (SFDR, Sustainable Finance Disclosures Regulation). Luego, los asesores financieros la utilizan en sus discusiones con inversores finales para establecer las “preferencias de sustentabilidad” de estos últimos, de acuerdo con la prueba de idoneidad de la Directiva sobre Mercados de Instrumentos Financieros (MiFID, Markets in Financial Instruments Directive).

Por ende, sería correcto asumir que este debe ser el orden de implementación de la regulación. Lamentablemente, la taxonomía de la UE estuvo demorada por diversos motivos, lo que incluye un importante debate entre los Estados miembro sobre si la energía nuclear y el gas calificarán como actividades sustentables para el medio ambiente. Los informes corporativos no comenzarán antes de 2023. Y los detalles técnicos sobre cómo los gestores de activos informan acerca de la sustentabilidad de sus productos tampoco se aplicarán antes de 2023.

Sin embargo, a partir de enero de 2022, los gestores de activos deben informar si sus productos están alineados con una taxonomía europea incompleta, mediante datos corporativos de alineación con la taxonomía que aún no existen. Además, a partir de agosto de 2022, se supone que los asesores evaluarán las preferencias de sus clientes a través de la información provista por los gestores de activos, que se basa en datos incompletos o totalmente inexistentes.

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Otra complicación interesante es que algunos Estados miembro de la UE agregan su toque personal o normas nuevas además de las normas de la UE. Lo hemos visto en Francia, Alemania, Bélgica y España. Es posible que otros países sigan su ejemplo.

Esto se debe, parcialmente, a un esfuerzo por interpretar las normas de la UE de un modo que hace que los descuidos sean más frecuentes, debido a las continuas demoras y a la constante falta de claridad. Parte de esto se relaciona con un intento por diferenciar (y, tal vez, proteger) sus respectivos mercados nacionales.

No importa cuál sea el motivo, el resultado será, probablemente, esa fragmentación del mercado que las normas de la UE buscan evitar.

El Reino Unido, mientras tanto, ha estado implementando informes obligatorios en línea con el Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones Financieras Relacionadas con el Clima (TCFD, Task Force on Climate-related Financial Disclosures) en todas las empresas y servicios financieros.

El principio es que, con el TCFD, el mercado puede ver dónde se emite la mayor cantidad de carbono y asignar el capital en consecuencia. Sin embargo, como la sustentabilidad es más amplia que el cambio climático, el ente regulador del Reino Unido también ha revelado planes en relación con los Requisitos de Divulgación sobre Sostenibilidad (SDR), que efectivamente ampliarán los informes del TCFD al incluir (los aún no definidos) factores de sustentabilidad.

En cierto modo, es la versión del Reino Unido de los SFDR, con la diferencia de que los SDR también incluirán etiquetas para productos de inversión sustentable; algo que los responsables de las políticas de la UE han evitado intencionalmente. Los detalles se definirán a través de un proceso de consulta que tendrá lugar en 2022. Por supuesto, existen planes de una taxonomía del Reino Unido que es probable que difiera un poco de la europea y de la que se espera más información durante 2022.

Los Estados Unidos han experimentado un cambio de dirección radical con el Gobierno de Biden, que ha presionado mediante políticas nuevas, centradas, en su mayoría, en el cambio climático.

El resultado de la revisión de las normas del Departamento del Trabajo (DOL) ha sido muy esperado, las cuales llegaron en enero de 2021 durante el Gobierno anterior. En la práctica, estas normas hicieron más difícil que los fondos privados de inversión invirtieran en estrategias con un enfoque de sustentabilidad y que votaran resoluciones sobre temas ambientales y sociales.

Tras la llegada del nuevo Gobierno, en marzo de 2021, el DOL anunció que no aplicarías las normas y que, en cambio, consultaría con las partes interesadas. Esto culminó en la publicación de nuevas propuestas en octubre de 2021, en las que se reconoce que los fiduciarios pueden tomar en cuenta factores de sustentabilidad a la hora de evaluar las oportunidades de inversión y tomar decisiones de voto por representación.

El resultado final se espera para los primeros meses de 2022 y, si es similar a la propuesta, podría generar grandes oportunidades de capital para la inversión sustentable.

Los mercados de Asia tampoco se han quedado atrás. A riesgo de una simplificación excesiva, la mayoría de los desarrollos regulatorios recientes han tratado sobre la mejora de los estándares de gobierno corporativo y la presentación de informes corporativos.

Lo hemos visto en el Código de Gobierno Corporativo revisado y las normas sobre cotización en bolsa de Hong Kong que incluyen, desde enero de 2022, requisitos más estrictos en materia de diversidad e independencia de los directorios de las empresas, así como también, la incorporación temprana de presentación informes en materia ESG. Otros ejemplos son los planes de Taiwán de incorporar más divulgaciones en materia ESG en los informes anuales de las empresas que cotizan en bolsa y las divulgaciones obligatorias sobre diversidad de los directorios y los TCFD de las empresas implementadas por Singapur a partir de 2022.

Otra característica importante de los mercados asiáticos es el fuerte enfoque en la educación. Esto se ha evidenciado con el lanzamiento por parte de la Bolsa de Comercio de Hong Kong de una Academia ESG, que consiste de una plataforma educativa centralizada para empresas y el mercado en general. Mientras tanto, Singapur lanzará talleres educativos y plataformas de educación a distancia como parte de su Plan de Acción de Finanzas Verdes.

También existe un fuerte enfoque en reunir la información importante en un solo lugar. Por ejemplo, la Bolsa de Valores de Corea tiene un segmento exclusivo para bonos con responsabilidad social; en Hong Kong existe una base de datos abierta al público de fondos sustentables en la página web del ente regulador; mientras que el ente regulador de Singapur ha anunciado su plan de gestionar plataformas digitales para mejorar los datos de sustentabilidad.

A su vez, China ha estado trabajando con la UE en una “taxonomía de interés común”, lanzada a través de la Plataforma Internacional de Finanzas Sostenibles (IPSF, International Platform on Sustainable Finance). No es una taxonomía per se, sino una herramienta que efectivamente compara las taxonomías verdes de la UE y de China y traduce a una en la otra. Esto aún está en desarrollo, pero si funciona, podría ser una herramienta muy útil para aquellos que invierten globalmente.

Las finanzas sostenibles en Australia han estado menos relacionadas con las divulgaciones y más con cómo gestionar el riesgo del cambio climático. La mayor parte de la actividad regulatoria reciente proviene de la Autoridad Regulatoria Prudencial Australiana (APRA), a modo de orientación para bancos, aseguradoras y fondos de pensión sobre cómo gestionar los riesgos y las oportunidades relacionadas con el cambio climático.

La principal preocupación en este sentido es si los eventos relacionados con el cambio climático pueden manifestarse como riesgos financieros; por ejemplo, las empresas de seguros que se ven tapadas de reclamos relacionados con daño a la propiedad por eventos ambientales extremos. Si esto sucede, puede significar un doble problema para las empresas de seguros y, posteriormente, derramarse a otros participantes del mercado financiero y desestabilizar a los mercados más ampliamente.

¿Surgirá un estándar internacional?

Existe algo de esperanza en los informes corporativos. El lanzamiento del Consejo de Normas Internacionales de Sostenibilidad (ISSB, International Sustainability Standards Board) se hizo exactamente con el objetivo de crear un estándar de información corporativa global para métricas de sustentabilidad. El momento de presentación de esos estándares es algo incierto, pero estamos muy esperanzados, ya que los entes reguladores nacionales, como en el Reino Unido, han dado señales de que planean respaldarlos.

La creación de estándares comunes para productos de inversión es menos probable. Parte de los detalles del marco que está surgiendo en el Reino Unido ya difiere del enfoque europeo. No sería extraño ver aún más diferencias en comparación con mercados más alejados. Habiendo dicho esto, los entes reguladores internacionales tienen trabajo por hacer, como la Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO), que intenta aportar cierta consistencia al modo en que los reguladores nacionales abordan la cuestión.

Cuando (o a menos que) logremos estándares internacionalmente aceptados, nosotros (y me refiero a todos) tendremos que depender de un collage de marcos diferentes desarrollados en cada región.

En este punto, es probable que se pregunte quién está haciendo lo mejor y, por ende, “ganará” la carrera por la regulación ESG. La respuesta probablemente sea nadie, por la sencilla razón de que nadie ha hecho esto antes. Todos debemos trepar una curva empinada de aprendizaje sobre sustentabilidad sin saber qué hay del otro lado.