Guía ilustrada para entender la normativa de la UE sobre inversión sostenible
¿Qué hay detrás de las nuevas normas, quién debe hacer qué y qué podría impedir que esto funcione como la UE necesita?
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En los últimos años, nuevas palabras han invadido nuestro vocabulario cotidiano. Hemos pasado de "cambio climático" y "economía verde" a las más especializadas "sostenibilidad" e "integración" y a las totalmente extrañas "principal impacto adverso" y "taxonomía". ¿Qué está ocurriendo?
Hay una nueva normativa sobre sostenibilidad procedente de la UE que afecta a los gestores de activos, las empresas, los asesores de inversión y muchos otros en los mercados financieros.
En el fondo se trata de que el cambio climático es cada vez más difícil de ignorar. Los responsables políticos se han dado cuenta de que afrontarlo y todas sus consecuencias requerirá un gran esfuerzo.
La "llamada a las armas" de la UE llegó en forma de Pacto Verde de la UE, según el cual la UE debe introducir un elaborado marco de políticas y nuevas normativas para lograr las emisiones netas cero en 2050. Hay una larga lista de cosas que deben cambiar en la economía real: cómo construimos las casas, cómo viajamos de A a B, cómo se empaquetan las cosas que compramos en el supermercado, de dónde viene la energía para cocinar y calentarnos, cuánto duran las baterías de nuestros smartphones, etc.
Se calcula que la inversión inicial necesaria para conseguir todo esto será de unos 2,6 billones de euros de aquí a 2030. Aproximadamente la mitad procederá de diversas fuentes públicas, como el presupuesto de la UE. La otra mitad se espera que provenga de la inversión privada, que es lo que se supone que aportará la normativa impulsada por el Plan de Acción de Finanzas Sostenibles de la UE.
Aunque su estructura es bastante elaborada, el plan tiene un objetivo final: trasladar la inversión hacia proyectos y empresas más sostenibles para que la transición a una economía baja en carbono sea más rápida.
Hay muchos obstáculos que se interponen en el camino, como la fragmentación del mercado, la falta de claridad en el etiquetado de los productos de inversión con características de sostenibilidad, la insuficiente información de las empresas para evaluar la sostenibilidad, etc. Todas las normativas relacionadas con el Plan de Acción de Finanzas Sostenibles intentan eliminar o superar estos obstáculos. Esto incluye:
- Disponer de un lenguaje común sobre lo que es sostenible y lo que no lo es (Reglamento sobre la taxonomía).
- Que las empresas informen de la correspondiente información sobre sostenibilidad en sus cuentas (Directiva sobre información no financiera).
- Disponer de información clara sobre la sostenibilidad de las inversiones, tanto a nivel de empresa como de producto (Reglamento sobre divulgación de las finanzas sostenibles).
- Que los asesores financieros hablen explícitamente con los clientes sobre sus preferencias en materia de sostenibilidad (normas de idoneidad modificadas de la Directiva sobre Mercados de Instrumentos Financieros II).
La lista completa de nuevas normativas es mucho más larga que la que hemos identificado anteriormente. Ello se debe a que, para lograr su ambicioso objetivo, la normativa debe afectar a todos los eslabones de la cadena de inversión: propietarios de activos, gestores de activos, asesores, proveedores de calificaciones crediticias, proveedores de índices de referencia, etc.
Para entender cómo se supone que funciona esto, podemos verlo desde la perspectiva del flujo de información.
En primer lugar, las empresas informan sobre sus actividades y señalan hasta qué punto son sostenibles según la nueva normativa. A continuación, los inversores institucionales (gestores de activos, fondos de pensiones y aseguradoras) pueden tomar esta información, utilizarla para asignar dinero y, paralelamente, informar sobre cómo enfocan la sostenibilidad en su negocio y si sus productos tienen características de sostenibilidad.
Así, los asesores pueden ver qué fondo de inversión, pensión o proveedor de seguros ha incorporado la sostenibilidad en su enfoque de inversión y qué productos son ambientalmente sostenibles. A continuación, pueden recomendar esos productos a los inversores finales que tengan preferencia por la sostenibilidad.
Y, el último eslabón de la cadena, los inversores finales podrán ver en toda la información qué proveedores y cuáles de sus productos son sostenibles y/o seguir las recomendaciones de los asesores para comprar estos productos.
Nuestro documento analiza con más detalle tanto la normativa que se desprende del Plan de Acción de Finanzas Sostenibles como quiénes, a lo largo de la cadena de inversión, deben hacer qué.
Decir que se trata de un proceso de aprendizaje para todos los implicados sería quedarse corto.
La pregunta del millón, por supuesto, es si esto funcionará y ayudará a la UE a cumplir su ambición. Como todo en la vida, depende. Identificamos tres riesgos:
- Olvidar que la inversión va antes a la inversión sostenible. Como ya hemos escrito en el pasado, la mayoría de la gente necesita soluciones a los problemas de la vida real y, en este momento, no ven la inversión como parte de la solución, sino más bien como algo bonito que hay que tener. Si no conseguimos desarrollar un marco que cree una cultura inversora más amplia, habrá pocas posibilidades de que la inversión sostenible despegue realmente, al menos para los inversores minoristas.
- Seguir un enfoque tan estrecho que no le encaje a nadie. Las normas reguladoras demasiado prescriptivas podrían dar lugar a que el listón de la sostenibilidad esté demasiado alto para que cualquiera pueda alcanzarlo, o a que las normas no sean lo suficientemente dinámicas para responder a lo que es un área de estudio e investigación que evoluciona muy rápidamente.
- Desarrollar normas diferentes en distintas geografías. Dado que el cambio climático es un problema global, la respuesta al mismo debe ser también global. Si el esfuerzo no se alinea a través de las fronteras, podríamos acabar con una regulación fragmentada. Esto frustraría el propósito de crear un mercado de inversión sostenible fuerte y líquido.
Con una planificación cuidadosa y la cooperación entre industrias y fronteras, estos riesgos pueden ser abordados. Una cosa es segura: aún queda mucho por hacer. Si los dos últimos años han servido para dar forma al nuevo panorama normativo, los próximos años consistirán principalmente en aplicar todos los cambios. Habrá que dar más “empujones” a algunos eslabones de la cadena de inversión que a otros, pero el objetivo es que todos mejoren. Estos son los primeros pasos en la dirección correcta para lo que, en última instancia, va a ser un largo viaje hacia un futuro más sostenible.
El estudio completo está disponible para descargar como pdf
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