En profundidad

En qué consisten los cambios en el test de idoneidad de MiFID II


Si 2021 fue el año del Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles (SFDR), 2022 es el año de MiFID[1]. La siguiente etapa del paquete de medidas de financiación sostenible de la Unión Europea es la incorporación de las "preferencias de sostenibilidad" en el test de idoneidad de MiFID en agosto de 2022.

Según MiFID, los asesores deben realizar una evaluación de idoneidad antes de recomendar un producto. Esto implica comprender al cliente (por ejemplo, sus conocimientos de inversión, su situación financiera, sus objetivos de inversión, etc.). A continuación, implica conocer los productos de inversión, sus objetivos, riesgos, rendimientos, costes, etc. Así, en función del perfil del cliente y de sus objetivos de inversión, el asesor puede recomendar un producto "adecuado".

Lo que cambia a partir de agosto de 2022 es que los asesores deben incluir una consideración adicional sobre si los clientes tienen preferencias de sostenibilidad. Según el reglamento, el cliente puede expresarlas de una o una combinación de tres maneras:

  • El porcentaje de alineación de un producto con la Taxonomía de la UE
  • El porcentaje de la asignación de un producto a inversiones sostenibles, tal como se define en el Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles (SFDR)
  • La consideración de los principales impactos adversos (PIAs), unos indicadores que pretenden recoger los efectos negativos materiales que las inversiones tienen sobre el medio ambiente y/o la sociedad.

Si el cliente expresa sus preferencias en base a estas opciones sin que coincida el conjunto de productos disponibles, entonces no se puede vender un producto a menos que se adapten esas preferencias.

Habrá cuestiones prácticas en el camino.

Como ya hemos escrito antes, el orden de entrada en vigor de las distintas piezas de la normativa de la UE es tal que, actualmente, el proceso se verá empañado por las lagunas de datos. En concreto, la opción de la alineación de la taxonomía será difícil de comunicar para los productos y para los asesores. También habrá algunas lagunas en la información de los PIAs, ya que la información de las empresas sobre estos indicadores será obligatoria en oleadas, a partir de 2024 (con la Directiva sobre información de sostenibilidad empresarial).

Otra complicación es que la definición de "inversión sostenible" en el SFDR está abierta a la interpretación, por lo que las metodologías detrás de las cifras reportadas para la segunda opción serán diferentes.

Entonces, ¿qué pueden hacer los asesores?

En primer lugar, los asesores tendrán que explicar todo esto a sus clientes antes de que comience la conversación sobre las preferencias. Será importante ayudar a los clientes minoristas a entender los diferentes conceptos y lo que se intenta captar, ya que probablemente no estén familiarizados con ellos.

Para prepararse, los propios asesores podrían tener que examinar qué productos están disponibles, como reportan las tres opciones, la cobertura de los datos, cualquier diferencia de enfoque o los niveles en las distintas clases de activos, geografías y sectores. También deben ser conscientes de que estas tres opciones, vistas de forma aislada, sólo pueden ofrecer una imagen incompleta de un producto y no captarían el objetivo de inversión del producto, el proceso, las características de sostenibilidad que promueve o los objetivos sostenibles que persigue (si los hay).

La siguiente gran pregunta es cómo expresarán sus preferencias los clientes, si esto se acercará a la definición reglamentaria, y si surgirá la preferencia por aspectos específicos del diseño del producto.

Como siempre ocurre con la regulación de la sostenibilidad, podemos esperar un “continuará”.

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